Por Carlos García de Andoin. Presidente de Iglesia Viva.

        El Prior benedictino del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, respondió ayer a la Vicepresidenta Calvo con negrita y subrayado: “esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica con la finalidad de acceder a una res sacra” -una cosa sagrada- para referirse a la sepultura de Franco.  [Ver también Nota de Prensa de la Abadía, el 9 de octubre].

        Su obstruccionismo es sencillamente intolerable en un Estado democrático y de derecho. El Estado confió la custodia de los restos de Franco al Abad de la época, no tiene otra legitimidad: ni una supuesta justicia divina, ni compromiso moral alguno adquirido ante la familia. Insisto, es el encargo del Estado su única fuente de legitimidad. Hoy este Estado, con pronunciamiento de sus tres poderes, el legislativo en 2017, el ejecutivo en 2018, y el judicial en 2019 ha determinado reinhumar a Franco en El Pardo, junto a su mujer, lo que significa la retirada del encargo de custodia. Se acabó la misión. Que el Supremo retire expresamente esta custodia y ordene la ejecución de sentencia.

        El empecinamiento del Prior pone en jaque a la Conferencia episcopal, al Arzobispado de Madrid y a la misma Santa Sede. Estos, a los que se supone autoridad superior en la Iglesia, han sostenido el respeto a la decisión del Gobierno y la familia y, en caso de conflicto entre ambos, al dictamen del Tribunal Supremo. Habiéndose producido este, la Santa Sede, que es la única que tiene potestad canónica, de la manera que fuese, debe doblegar al Prior. De lo contrario, es la palabra del Secretario de Estado, Parolin, la que queda seriamente comprometida ante el Gobierno español. Además, por supuesto, de la contaminación a toda la Iglesia católica española, cuya imagen pública se ve arrastrada y religada nuevamente al pasado franquista.

        Pero más aún, Santiago Cantera ha planteado una cuestión jurídica que somete a prueba de estrés a los Acuerdos Estado-Iglesia. Esto es, si una ley puede saltarse el principio de inviolabilidad de un lugar de culto establecido por los Acuerdos. No sólo niega la autorización al Gobierno, sino que pregunta al Tribunal Supremo, si la acción del gobierno sin autorización del Prior, no supone una violación de la libertad religiosa. No Sr. Cantera, aquí no está en juego el derecho de libertad religiosa, sino otra cosa bien distinta: la insumisión indebida al Estado, a la ley y a todos sus poderes. Está jugando con fuego, haciendo un uso torticero de los Acuerdos. La respuesta del Tribunal Supremo va a ser seguramente clara en la afirmación de la soberanía del Estado. Va a abrir, me temo, un buen boquete en el casco de los Acuerdos, si es que el prior se empeña en parapetarse en éstos para impedir la exhumación de Franco.

        Más vale que la Santa Sede se adelante a los estropicios que está provocando ya este iluminado revestido de monje y los apoyos agazapados con que cuenta.