María Teresa García Fochs, escritora y suscriptora de Iglesia Viva, nos envía unas reflexiones sobre el problema actual del enterramiento del general golpista Francisco Franco. Aparecerán aquí en tres días sucesivos y esperamos den pie a comentarios y debate. IV.

Quedé estupefacta, lo confieso, al enterarme de que el cardenal Osoro había respondido a los periodistas que nada tenía que decir acerca del entierro de Franco en la catedral de la Almudena y que esa era una cuestión que únicamente compete a la familia de Franco y al Gobierno de España.

¡Curiosa afirmación, la de su eminencia reverendísima, si tomamos en consideración el concurrido debate y el notable revuelo que han supuesto la propuesta y la toma de decisión de exhumar el cadáver del dictador, así como los que sin duda se van a originar cuando por fin se lleve a cabo tan traída y llevada operación! Mucho más si se hace con la pompa y boato que exigen los nietos: audición completa del himno nacional, presentación de armas y descarga de fusilería con un número aún no determinado de salvas; ¡ahí es nada! (Por cierto, no puedo dejar de hacer constar mi preocupación por eso del “número aún no determinado de salvas”; de no concretarse pronto el susodicho número, corremos el peligro de que nos vayan a dar las uvas del año 3.000 contando cañonazos y, francamente, me asusta la perspectiva).

Si tomamos en consideración la finalidad que se pretendía –es decir, la de evitar cultos inapropiados, que suelen ir acompañados de algaradas intempestivas cuando no peligrosas–, habrá que convenir, sin lugar a dudas, que si Franco acaba siendo enterrado en la catedral de la Almudena, habrá sido peor el remedio que la enfermedad; y a fe que lo habrá sido con mucho. ¿Quién podría dudar que los encuentros de nostálgicos vociferantes se verán mucho más potenciados de cuánto lo han estado en el Valle de los caídos, si se les sirve en bandeja el centro urbano y nada menos que la catedral capitalina? (Por desafortunada que sea desde un punto de vista artístico –que lo es, para qué nos vamos a engañar–, nadie puede negar que, desde el jerárquico, es el templo católico más importante de Madrid.)

Así las cosas, resulta, pues, que el máximo mandatario de la institución eclesial en Madrid afirma, de buenas a primeras –porque posteriormente ofrece alguna matización de la que ya hablaremos–, que no tiene nada que decir acerca de tan conflictiva inhumación en el edificio religioso más importante de la Villa y Corte. Para mí que su eminencia es el único que no tiene opinión, porque lo cierto es que cualquier hijo de vecino está dando la suya sin cortarse en las redes, en las tertulias televisivas, en los medios de comunicación, e incluso en la cola del autobús o los corros de vecinos. Para que no falte nada, recientemente han aparecido sendas campañas de recogida de firmas, en Change.org, que podríamos calificar, por lo menos, de curiosas: una, que pide que, “en agradecimiento a Cataluña” –la cosa tiene bemoles– , el cuerpo de Franco les sea entregado, a los catalanes, para que lo inhumen nada menos que en la Sagrada Familia (les ahorro los comentarios que tal propuesta ha logrado); la otra, que tampoco tiene desperdicio, pide, nada más y nada menos, que el cadáver de Lluís Companys, el asesinado presidente de la Generalitat de Cataluña fusilado en 1940, sea trasladado al Valle de los Caídos y ocupe el preciso lugar que dejan vacante los restos de su verdugo.

Llegados a este punto, cabe preguntarse a quien corresponde la peliaguda decisión: el cardenal dice que a la familia Franco y al gobierno de España; ¡menudo papelón les ha traspasado! La primera declaración cardenalicia bien puede ser calificada de pilatesca (confieso que acabo de inventarme el adjetivo, pero no me negarán que es muy descriptivo); aunque, como comentábamos hace un momento, después ha sido completada. Ahora, efectivamente, ya no parece tan pilatesca, pues su eminencia se ha mojado, por lo menos un poquito, explicando que él no puede negarle sepultura a un cristiano, dentro de una iglesia, si su familia ha adquirido, previamente, los derechos para hacerlo.

Difícil de digerir nos lo ha puesto el cardenal, ya que de sus palabras se desprende claramente que no todos los cristianos, sino solamente aquellos cuya familia haya adquirido el derecho a hacerlo, pueden ser inhumados en una iglesia. Ahora bien: ¿Cómo se adquieren estos derechos? ¿Teniendo un marquesado o cualquier otro título de nobleza? ¿Pagando a tocateja cierta cantidad, que imagino nada despreciable, de dinero? (He leído la cifra de 200.000 euros, pero no sé si se refiere a una tumba o a un columbario.) Pregunto confiadamente, porque espero no recibir, como respuesta, que se logra poniéndose al servicio de los poderosos, sublevándose contra un gobierno legítimamente constituido, originando una atroz guerra fratricida –alargada innecesariamente para acabar físicamente con el enemigo–, organizando metódicamente una represalia inmisericorde, empobreciendo a la población (la anulación de la moneda supuso la ruina de la mayoría de familias españolas), inaugurando una larga época de hambre y estraperlo, asesinando a los adversarios sin juicio o con una farsa que lo representa, y acabando con las libertades tan duramente conquistadas por las capas populares.