Por María Teresa García Flochs. El primer artículo de la serie ayer. Mañana el tercero y último. IV.
Ni Alemania ni Italia tienen el problema que nos ocupa; en ambas, el fascismo fue derrotado. Los cadáveres de Hitler y de Eva Braun, que según su voluntad debían ser incinerados, fueron hallados, antes de acabar la correspondiente operación, por el ejército soviético. Y después de que la NKVD se hubo asegurado de la autenticidad de los restos –Stalin estaba empeñado en ello–, fueron trasladados a Magdeburg hasta que en abril de 1990, cuando el territorio pasó a manos de la República Democrática Alemana, los hombres de la KGB, por mandato de Yuri Andrópov, los quemaron y arrojaron sus cenizas al río Biederitz.
Mussolini, Hitler y Franco 3 líderes un solo corazón. (Video publicado en youtube por Mika Waffen, 2017. ¡Tienen seguidores!)
En el caso del cadáver de Mussolini, los avatares fueron aún más numerosos, ya que fue secuestrado por un grupo de correligionarios que, en su afán por evadir controles, lo trajinaron por pueblos y ciudades varios y lo ocultaron en portamaletas de automóviles, armarios, cajones… hasta que lograron enterrarlo bajo el altar de un remoto monasterio; el chivatazo del cura a su superior, y de éste a la autoridad civil, propiciaron el desenlace: el gobierno italiano entregó los restos a la familia –que los enterró en la capilla familiar de San Cassiano– dejándole claro que de ninguna manera se podría celebrar ceremonia alguna con más concurrencia que la de los parientes cercanos. Corría el año 1957.
En ningún caso, como vemos, hubo funeral de estado, ni siquiera público; huelga decir que, menos aún, hubo acto alguno que supusiera el mínimo indicio de enaltecimiento. Tal parquedad contrasta escandalosamente con la faraónica construcción que la megalomanía del dictador impuso a un pueblo hambriento, que, lamiéndose aún las heridas de la contienda, malvivía entre las privaciones propias de la postguerra: atroz. Puede llegar a contrastar tanto o más con el entierro bis, en la Almudena, si se llega a hacer en la forma que reclama la familia Franco.
La irregularidad respecto a los otros países europeos que padecieron el fascismo ha sido ya, de todas maneras, notoria; no en vano, en el caso de Franco, estamos hablando de un vencedor. Eso sí; andando el tiempo, sucedió lo inevitable: que un buen día se empezó a vindicar la memoria histórica y, con ella, la monda de las fosas en cunetas, los entierros dignos para los yacentes en ellas, la revisión de causas judiciales… y el desmantelamiento del sepulcro del dictador en el Valle de los caídos. Todo empezó ya, o por lo menos apuntó, durante la presidencia de Felipe González, se mantuvo a raya durante la de Aznar y aumentó notablemente durante la de Zapatero. Después del parón que supuso la presidencia de Rajoy, el actual gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha decidido, como coloquialmente se dice, agarrar el toro por los cuernos.
El pleno del Congreso del día 17 de mayo de 2017 había ya aprobado la iniciativa del PSOE por la que se pedía un nuevo impulso a la ley de la memoria histórica que incluyera la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El resultado de la votación había sido de 198 votos a favor de hacerlo, 1 en contra y 140 abstenciones, correspondientes –aunque por motivos distintos– a los diputados del PP i de ERC. Se trataba, sin embargo, de una proposición no de ley, por cuya razón el gobierno no estaba obligado a cumplirla.
El consejo de ministros del 24 de agosto de 2018, ya celebrado en otra legislatura y con otro presidente, aprobó el decreto según el cual el cuerpo de Franco debía ser desenterrado de su tumba actual y trasladado al lugar que eligiera su familia; de no hacerlo ésta, lo haría el gobierno, asegurando el decoro y el respeto debido a un difunto, pero afirmando que no habría ninguna ceremonia pública. “España tiene recursos suficientes para proceder a la ejecución del procedimiento”, reza el decreto. Se supone que los recursos suficientes referidos deben ser jurídicos, aplicables en el caso de que la familia se opusiera –lo que, en principio, ocurrió–; sin embargo, a la vista de la ocupación del recinto que inmediatamente tuvo lugar por parte de los franquistas incondicionales, cabe suponer que también se pueda llegar a necesitar algún que otro recurso disuasorio.
El 13 de septiembre fue votado el Decreto, con un resultado de 172 síes, 164 abstenciones (de los diputados del Partido Popular y de los de Ciudadanos) y 2 en contra, correspondientes a los diputados Jesús Posada y Juan Ignacio Llorens, que aseguraron haberlos emitido por error. El presidente del gobierno calificó la decisión de “paso histórico”, y aseguró que “hoy nuestra democracia es mejor”. En la calle, rodeando el edificio desde el que se gobierna España, el público convocado por varias asociaciones en favor de la memoria histórica aclamaba la decisión.
El pasado día 29 de setiembre el gobierno notificó mediante el BOE, a María del Mar Martínez-Bordiu –única nieta a quien no había sido posible localizar–, su intención de implementar el decreto aprobado. Se le da, a la citada señora, un plazo de recurso de 15 días que termina el día 22 de octubre de 2018.
Cumplidos ya todos los trámites legales para proceder y, por lo tanto, habiendo ya hablado una de las partes a las que el Cardenal Osoro ha dado –nunca mejor dicho– vela en este entierro, correspondía hacer lo propio a la otra, es decir, a la familia Franco; y lo ha hecho: ¡vaya si lo ha hecho! Además, cabe decir que ha sido por partida doble –y se podría considerar que contradictoria–, porque a la vez que amenazaba a Pedro Sánchez con demandarle penalmente por prevaricación y profanación de sepultura, preveía la inhumación de los restos de su deudo en la Catedral de la Almudena y conminaba al gobierno exigiéndole la pompa y boato de los que hemos hablado.