Por Carlos García de Andoin

Una versión más reducida de este artículo se publica hoy en El Correo y otros periódicos de la cadena Vocento.

            Gobierno socialista e Iglesia católica, a estas alturas, son conscientes de que los restos del dictador no pueden acabar en La Almudena. El lugar realza políticamente a Franco, algo temerario, por el revival de la extrema derecha mundial, y, por otra parte, sepulta la reivindicada contribución de la Iglesia a la transición democrática. Reabre, además, la herida entre católicos en el lugar de la comunión, la catedral, sede del obispo. El movimiento de la memoria histórica también presiona ante un pragmatismo que acabe aceptando La Almudena, como supuesto mal menor.

            Con la legislación vigente y el procedimiento arbitrado por el propio Gobierno, éste se ve atado a la decisión libérrima de la familia. Lo mismo le ocurre a la Iglesia, sujeta por los títulos de propiedad que exhiben sus herederos. Una actuación arbitraria de uno u otra, contra la decisión de la familia, con la actual legislación, tiene el altísimo riesgo de que Franco por sentencia judicial inapelable, acabe en la cripta de la Almudena.

        Así que Gobierno e Iglesia se hallan metidos en un auténtico atolladero. El cual parece haberse embrollado, más aún, con el anuncio de la Vice-presidenta Carmen Calvo de que el Vaticano estuviera aliado con el Gobierno para buscar su solución y con la infrecuente nota posterior de Secretaría de Estado del Vaticano, desentendiéndose el cardenal Pietro Parolin de tal compromiso. Para el momento en que estábamos, la nota pactada inicial era suficiente.

¿Tiene salida el embrollo?

        Desde luego no hay salida si el Gobierno se empeña en cargar la responsabilidad a la Iglesia. Menos aún si piensa que en el Vaticano va a encontrar la interlocución que no acaba de establecer aquí, en el propio Madrid, dándose condiciones para ello.

        Es cierto que la Iglesia podría mostrar públicamente una mayor disposición a la colaboración en la búsqueda de soluciones. Pero se cuida de ello. El Arzobispado de Madrid ha asumido ya un coste ante una parte de sus fieles, por el apoyo a la exhumación de Franco. Su titular, el cardenal Osoro, no quiere ponerse ahora frente a la inhumación, lo que le provocaría una grieta mayor, cuando considera que es el Gobierno el primer responsable de la búsqueda de alternativas y de alcanzar un acuerdo con la familia.

        Tampoco facilita el diálogo la percepción por la Iglesia de un planteamiento político más divisor que reconciliador. En la resignificación que proponía la Comisión de Expertos de 2011, lo central era hacer prevalecer el Valle de los Caídos como Memorial de las Víctimas, de todas las víctimas de la Guerra Civil. La exhumación de Franco era la consecuencia de un replanteamiento del Valle, pues “no era víctima”. Sin embargo, el Gobierno parece haber convertido la exhumación en el único móvil, despreocupándose de una resignificación reconciliatoria del Valle de los Caídos, la impulsada por Ramón Jáuregui, siendo ministro de la Presidencia.

¿Qué opciones caben?

        Tres: la primera, la negociación con la familia. Opción poco probable pero que todavía no ha sido apurada. De hecho, en caso de discrepancia entre los familiares, correspondería al gobierno la decisión.

        La segunda, consistiría en dejar extinguir el procedimiento administrativo, que, por acuerdo del Consejo de Ministros, tiene caducidad de un año (a partir del acuerdo de incoación). Es una alternativa que permitiría el apoyo de Podemos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La prefieren sectores de izquierda y memorialistas, como mal menor, al menos por un tiempo, hasta que pueda encontrarse una fórmula más exitosa en un futuro a medio plazo. Pero esta opción, siempre disponible como último recurso, sería un trago amargo para el presidente de Gobierno, amén de decepción para un sector de los apoyos electorales. Además, todo ello quedaría al albur de la incierta correlación de fuerzas resultante de las elecciones generales.

        Una tercera opción, a estudiar, es la de determinar por ley la prohibición de inhumar los restos de Franco en La Almudena. Esto permitiría al Gobierno prohibir la inhumación y, a la Iglesia, obedeciendo la ley, rechazar la misma. Esta vez, con soporte legal.

            Pienso, desde el conocimiento de la Ley de Memoria Histórica propio de un ciudadano, que la actual ley no da base jurídica sólida para tal prohibición, ni el art. 15 ni el 16.2., los cuales se refieren a elementos simbólicos y a actos políticos de exaltación de la Guerra Civil y del franquismo. La ley vigente sirve para prohibir manifestaciones en la calle Bailén o simulaciones franquistas orantes en el interior de la Iglesia parroquial, pero no para impedir la inhumación de Franco. Sin embargo, la base ya consolidada del delito de exaltación, sí podría permitir extenderlo a la inhumación de sus restos en lugares de sepultura que por su naturaleza o significación implicasen legitimación o exaltación tanto del dictador como del régimen franquista.

            Es el caso de La Almudena. Franco no sólo estaría en el centro de Madrid, bajo la protección y custodia de la patrona de la ciudad, sino que reposaría en el complejo arquitectónico construido en el Palacio de Oriente, de acuerdo con la mentalidad de la vieja alianza entre el Trono y el Altar. Lugar histórico de manifestación de los nostálgicos del franquismo. Templo, además, donde con frecuencia se han celebrado funerales de Estado. Un conjunto urbano de altísima densidad institucional, donde Franco no gozaría sólo de una legitimación religiosa sino también estatal. Incluso la reforzaría, eso sí, con una forma de jefatura del Estado, autoritaria, en las antípodas de la democracia y de la monarquía constitucional.

        La oportunidad para que esta fórmula no implique una gran demora es el trámite abierto de reforma de urgencia de la ley de memoria histórica. El Gobierno, tras la aprobación del decreto-ley, no sólo lo presentó para su convalidación en el Congreso, la cual se votó el pasado 13 de setiembre, sino que pasó a tramitarse como reforma de urgencia de la Ley de Memoria Histórica. Podría ser la ocasión para introducir un nuevo artículo que, teniendo rango de ley, condicionara la aplicación del procedimiento administrativo, y sirviera para fundar la negativa del Gobierno a las alegaciones presentadas por la familia de Franco. Además de concretar un procedimiento sumario para la exhumación y traslado al Pardo, salvo que la familia presentara un destino acorde con las exigencias de la ley. Pero, para hilar fino en esto, o barajar otras alternativas, abogados tiene el Estado y letrados el Congreso.