Rafael Luciani es un teólogo seglar venezolano emergente en la nueva teología latinoamericana. Ver crónica del Encuentro de Boston, del que fue coordinador. Últimamente ha hecho una decidida opción política contra el régimen chavista de Venezuela, atribuyendo al gobierno la plena responsabilidad del hambre y la crisis económica. El IHU-Instituto Humanitas Unisinos ha publicado una larga entrevista con él, reproducida en Religión Digital. Aquí ofrecemos el texto íntegro,  Que incluye un amplio resumen inicial, omitido en RD.

 

Después de un régimen totalitario con Chávez y una dictadura cívico-militar “que se consumó con el golpe de Estado que Maduro dio”, hoy los venezolanos están “experimentando otro giro en el ordenamiento de la realidad política actual tras la instalación de la Asamblea Constituyente el último día 4 de agosto “, dice el venezolano Rafael Luciani a la IHU On-Line, en la siguiente entrevista, concedida por e-mail. Según él, tras la instalación de la Asamblea Constituyente el 4 de agosto de este año, Maduro reagrupó “las fuerzas radicales del chavismo castrista que luchaban por espacios de poder”. En la práctica, explica, eso significa que “todos los poderes públicos existentes quedan sometidos a sus decisiones cotidianas”, o sea, puede haber destitución de alcaldes, gobernadores, poderes públicos y revocación de leyes.

De acuerdo con el profesor de la Universidad Andrés Bello, de Caracas, “la actual crisis de Venezuela no tiene origen en Maduro, sino en el totalitarismo que Chávez fue montando, en la medida en que iba asumiendo el control absoluto de los poderes públicos”. Entre los aspectos fundamentales para comprender lo que pasa en Venezuela actualmente, Luciani afirma que es necesario considerar “la adopción del modelo político revolucionario cubano o castrismo” desde 2004, cuando “Chávez empieza a enviar las promociones del Estado Mayor Venezolano a Cuba para estudiar El modelo político del gobierno revolucionario cubano. Esos son los militares que ocupan hoy los altos mandos y proclaman públicamente: ‘Patria, socialismo o muerte‘. Pero también son esos los militares con quienes Maduro tuvo que negociar y otorgarles altas cuotas de poder político y económico a través de ministerios y empresas públicas, para poder mantenerse en el poder “, informa.

Rafael Luciani también comenta la postura asumida por la Iglesia de Venezuela en relación a la crisis política del país, incluso el pronunciamiento del papa Francisco sobre la aprobación de la Asamblea Constituyente, y da un panorama de la actual situación social. “Hoy, en 2017, para casi el 75% de la población, el dinero no es suficiente para comprar la canasta básica cada mes, no comen tres veces al día” y “cerca del 30% de los niños están en riesgo de desnutrición”. Dijo que “para dar una idea del grave deterioro social y del fracaso del modelo económico, antes de Chávez, en 1998, por ejemplo, la pobreza era del 60%. Hoy, en 2017, la pobreza supera el 70%, hay unos 30.000 muertos al año, tenemos un parque industrial reducido –ya sea por expropiación o cierre– a un tercio de lo que existía y padecemos de una hiperinflación que supera los 800 “%”.

En la misma perspectiva del papa Francisco, Luciani defiende que la única alternativa a la actual crisis venezolana es “construir una ‘unidad nacional superior’, que no sea sólo de los partidos que forman la oposición, sino que también incluya el chavismo democrático y haga una alianza estratégica con la sociedad civil, pues esta última fue la que hizo posible la logística y la movilización para realizar la consulta popular el 16 de julio pasado.

En su evaluación, el “drama venezolano” también pasa por una negociación con Cuba. “Digo esto porque he insistido que el chavismo que gobierna es el castrista”. El Vaticano puede ejercer presión o iniciar negociaciones con Cuba sobre el caso venezolano. Este diálogo con Cuba podría contribuir, al menos, a presionar al gobierno venezolano para reconocer la crisis y abrir un ‘canal humanitario’, porque la gente está muriendo “.

Rafael Luciani es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana, y en Filosofía por la Universidad Salesiana. El postdoctorado fue en la Julius-Maxiliams Universität. Actualmente es profesor titular en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas y profesor extraordinario en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma y en el Boston College, Boston, Estados Unidos.

¿Como describe Ud. lo que pasa en Venezuela en este momento? En este sentido, ¿nos pude explicar en qué consistió la propuesta de Maduro de votar una nueva Asamblea Constituyente? ¿Cómo evalúa este proceso y cuáles son los argumentos de aquellos que son favorables al cambio en la constituyente y de aquellos que son contrarios?

Hemos pasado de un régimen mesiánico de corte totalitario que se fue montando con Chávez a una dictadura cívico-militar que se consumó con el golpe de estado que dio Maduro, como lo reconoció la propia Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz. Ella declaró en Marzo de este año que se había roto el hilo constitucional después que el Tribunal Supremo de Justicia desconociera a la Constitución de 1999 e inhabilitara el poder legislativo que había sido electo por voto directo y universal en el 2015 con una mayoría abrumadora a favor de la oposición democrática.

Sin embargo, estamos experimentando otro nuevo giro en el ordenamiento de la realidad política actual luego de la instalación de la Asamblea Constituyente el pasado Agosto 4. En la práctica, esta Asamblea funciona como una especie de junta de gobierno que le permitió a Maduro, gracias a la asesoría cubana, reagrupar a todas las fuerzas radicales del chavismo castrista que luchaban por espacios de poder. Esta Asamblea fue declarada con carácter supraconstitucional por un período de dos años, de modo que todos los poderes públicos existentes quedan sometidos a sus decisiones cotidianas. Esto significa que puede destituir alcaldes, gobernadores, poderes públicos y derogar leyes. Su origen no sólo es ilegal y la forma de su elección inconstitucional -como lo han explicado las cátedras de Derecho Constitucional de las Universidades públicas y privadas de Venezuela-, sino también fraudulenta, porque así lo reconoció la propia empresa smartmatic que provee los servicios técnicos al Consejo Nacional Electoral venezolano. Esto que yo llamo una especia de junta de gobierno logró, tácticamente, la depuración interna del chavismo mediante la expulsión de los grupos que representan al chavismo democrático, dejando sólo en el poder al chavismo cívico-militar castrista.

Tanto Maduro como el actual vicepresidente, Arreaza, son las figuras más fieles al modelo castrista. Su intención es reproducir el modelo político cubano y esto lo quieren lograr mediante la Asamblea Constituyente. Su convocatoria de modo unidireccional por Maduro no contó con el aval plebiscitario del pueblo, como soberano originario, tal y como hizo Chávez cuando convocó a la Asamblea Constituyente de 1999 que dio origen a la actual Constitución de Venezuela. Maduro, pasando por encima del modelo político previsto en la actual Constitución, asumió una elección de representantes por “sectores” ligados al “partido único del gobierno”, y no por medio del sufragio universal, directo y secreto del pueblo venezolano.

Usted afirma que Venezuela pasó de Chávez a Maduro, de totalitarismo a dictadura. ¿En qué aspectos el gobierno de Maduro se aproxima y se distancia, o es una continuidad o una ruptura, en relación al programa político iniciado por Chávez?

La actual crisis de Venezuela no tiene su origen en Maduro, sino en el totalitarismo que fue montando Chávez en la medida en que iba tomando el control absoluto de los poderes públicos hasta el punto de gobernar por decretos presidenciales, sin necesidad de esos mismos poderes. Tres aspectos aquí son importantes para entender esto. Primero, la imposición de un pensamiento único. Chávez comienza a usar la expresión Socialismo del siglo XXI a partir del año 2005, a pesar de que ese término no existía en la Constitución de la República aprobada en 1999. Las críticas fueron creciendo por lo que se vio en la necesidad de legitimar esta forma de gobierno y convoca en el año 2007 a un referéndum para reformar la Constitución. Pero Chávez perdió ese referendum. De este modo, al no contar con el aval del pueblo, comenzó a implementar la reforma socialista cubana a través de decretos presidenciales. Esto le permitió crear, de forma inconsulta y unidireccional, el marco jurídico e ideológico que hoy vemos consumado en la Dictadura de Maduro.

Un segundo aspecto es la imposición de una ideología militar. Chávez era el Presidente de la República pero gobernaba como el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que no se aceptaban las deliberaciones ni las disidencias. Los que se le oponían quedaban totalmente excludios de cualquier acceso a los servicios públicos del Estado. La lealtad comenzó a ser más importante que la eficiencia. Esto fue creando la dependencia entre los individuos y la figura caudillista del Presidente. Este modelo puede ser legal en otros países, como en Cuba, China o Corea del Norte, pero no podemos decir que sea un modelo democrático. En este aspecto se distancia Maduro de Chávez, porque al no tener poder sobre los militares, entonces tiene que negociar con ellos para poder mantenerse en el poder. Hoy en día casi la mitad del gobierno, así como las grandes empresas públicas, entre ellas el Arco Minero, están en manos de los militares. Cuando Maduro comienza a perder el apoyo popular, hasta llegar hoy en día a tener un 80 % del país en su contra, se ve obligado a usar la fuerza represiva que la ejerce a través de tres fuerzas oficiales, como son la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia; y una fuerza paramilitar, que son los Colectivos o grupos civiles armados que controlan las zonas populares. Sólo así puede contener el malestar diario que existe en el pueblo venezolano a causa de la escasez de alimentos y medicinas.

Chávez gobernaba sobre el modelo ceresoliano de ejército-caudillo-pueblo, que se sostenía gracias a la inmensa riqueza del petróleo que permitió la organización de las llamadas “misiones”, por medio de las cuales se beneficiaban los sectores populares. La bonanza petrolera le permitió la consolidación de un totalitarismo de Estado mediante la ocupación de los poderes públicos, pero no tuvo la necesidad de implementar una Dictadura porque contaba con su carisma como líder de la revolución. Sin embargo, ahora que el petróleo no permite sostener este proyecto, y no teniendo el carisma del caudillo, lo que le queda a Maduro es el control político y la represión militar para mantenerse en el poder.

Un tercer aspecto a considerar es la adopción del modelo político revolucionario cubano o castrismo. Esta opción ideológica funciona sobre la continua purificación de sus propias filas partidistas y la eliminación de cualquier disidencia opositora. El argumento que sostienen es que cuando el pueblo se alza hay que usar las armas, porque hay que salvar la revolución a toda costa, sin importar los medios que se usen. Este llamado lo ha hecho el Presidente Maduro en varias oportunidades por los medios de comunicación. Esto no se entiende si no recordamos que a partir del año 2004 Chávez comienza a enviar a las promociones del Estado Mayor Venezolano a Cuba para estudiar el modelo político del gobierno revolucionario cubano. Estos son los militares que ocupan hoy los altos mandos y proclaman públicamente: “patria, socialismo o muerte”. Pero también son estos los militares con quienes Maduro ha tenido que negociar y otorgarles altas cuotas de poder político y económico a través de ministerios y empresas públicas, para poder mantenerse en el poder.

¿Cómo se posicionan los entonces seguidores del programa de Chávez frente al gobierno de Maduro?

Maduro ha venido realizando una depuración al interno del chavismo logrando expulsar, con éxito, a las fuerzas democráticas del chavismo que no están de acuerdo con el modelo revolucionario cubano que se está imponiendo. Estas fuerzas las representan hoy la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz -destituida por la Asamblea Constituyente al ser acusada de “traidora a la patria”- y el ex-ministro de interior y justicia Rodríguez Torres. La postura de las fuerzas políticas del chavismo democrático encuentran eco en el sociólogo venezolano Edgardo Lander quien reconoce que hay un cierre de todas las vías institucionales para resolver el conflicto, porque el gobierno desconoce a la Asamblea Nacional, no ha permitido el mandato constitucional de cambiar los rectores del Consejo Nacional Electoral, ha cancelado el referéndum revocatorio y pospuso todas las elecciones. Para Lander, representante de la izquierda intelectual venezolana, “estamos muy lejos de algo que pueda llamarse práctica democrática. Se utilizan todos los instrumentos del poder en función de preservarse en el poder”.

Se han producido encuentros muy positivos entre las fuerzas de la oposición y el chavismo democrático. Recientemente hubo uno muy importante en la Universidad Católica Andrés Bello. Creo que este es el camino hacia una reagrupación de las fuerzas políticas democráticas por la vía de una unidad táctica o unidad nacional superior que se conforme entre los líderes opositores y los de este chavismo democrático naciente.

Hay relatos que dicen que la población venezolana está pasando hambre y enfrentando una serie de problemas sociales a causa del racionamiento de comida y remedios en el país. ¿Qué informaciones tiene Ud. sobre esta situación?

En Venezuela hay hambre y la gente se muere por falta de medicinas. Cuando me dicen en el exterior que estoy exagerando, les invito a que vayan a Venezuela y vivan un par de meses padeciendo alguna enfermedad. Verán que tendrán que recurrir a amigos en el exterior para conseguir ciertas medicinas o morirán. Por ejemplo, quien no tiene hoy los medios económicos para conseguir pastillas de hipertensión en el exterior y pagarlas a un precio elevadísimo, ya sabe que está destinado a morirse de un infarto en breve tiempo porque no hay este tipo de medicinas en todo el país. El gobierno no permite el ingreso de ayudas humanitarias y menos si proceden de Caritas u otras entidades de la Iglesia Católica. Esta fue, precisamente una de las exigencias que puso el Vaticano al gobierno venezolano y que causó que el gobierno no siguiera con el proceso de diálogo en diciembre. En el 2012 la FAO registraba sólo un 5% de hambre en Venezuela. Hoy, en el 2017, a casi un 75 % de la población no le alcanza el dinero para comprar la canasta alimentaria básica cada mes y no come tres veces al día. Según estudios recientes de Caritas de Venezuela cerca de un 30% de los niños están en riesgo de desnutrición actualmente.

Para dar una idea del grave deterioro social y del fracaso del modelo económico, antes de Chávez, en 1998 por ejemplo, la pobreza era de un 60 %. Hoy, en el 2017, la pobreza supera el 70%, hay casi 30.000 muertos por año, tenemos un parque industrial reducido -sea por la vía de la expropriación o el cierre- a un tercio de lo que existía y padecemos una hiperinflación que supera el 800%. Un profesor a tiempo completo en cualquier Universidad venezolana gana alrededor de 50 ó 60 dólares al mes. Esto sucede en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. El país que tuvo el mejor sistema público de educación y de salud de toda América Latina.

Se dice que la Iglesia tiene posiciones divergentes en relación a la crisis de Venezuela, recientemente Ud. declaró que no hay fisuras en la Iglesia en este momento. ¿Por qué, según su opinión, no hay más fisuras? ¿En cuales puntos fundamentales había divergencia anteriormente?

Hubo individualidades a lo largo del período de Chávez que apoyaban de forma incondicional al proceso revolucionario porque hubo una narrativa que iba en dirección del reconocimiento del pobre en una sociedad donde había separaciones muy grandes y donde nunca hubo una interacción sociocultural e interclasista real. Hoy, sin embargo, lo que queda son voces individuales, algunos pocos curas, que defienden incondicionalmente al proyecto de Maduro, mientras reciben beneficios económicos del mismo gobierno, como viviendas, carros y guardaespaldas, aunque parezca fantasioso. Sin embargo, la Iglesia venezolana nunca padeció división ni fisuras.

Hay que comprender que la Iglesia en Venezuela, hasta la mitad del primer período del ex presidente Rafael Caldera, a inicios de los años 70, jugó un papel muy importante en el desarrollo del país. Por ejemplo, en la educación y en la formación de líderes sociales. Hubo una generación de emprendedores formada dentro de la estructura de la Iglesia Católica. Hacia mediados de los 70 empieza un quiebre, quizás inadvertido, en el que se va separando la Iglesia como institución de la Iglesia como pueblo de Dios. Ese quiebre se fue dando gradualmente y fue adquiriendo proporciones de división entre el mundo diocesano y el de las congregaciones religiosas, cada uno con pastorales muy diferentes. Ahí se va dando no una Iglesia popular, como sucedió en otros países de América Latina, pero sí una presencia de la Iglesia en las comunidades y en los barrios que no era 100% institucional. Sin embargo, un dato muy particular de la Iglesia venezolana es que nuestros obispos nunca han sido, como en otros países, inquisidores dogmáticos o políticos, sino que han tenido una actitud muy pastoral de respeto y diálogo con las distintas posiciones y visiones que coexisten en la Iglesia venezolana. Esto es lo que evitó que nunca tuviera éxito el intento de Chávez en crear una Iglesia paralela.

La posición actual de toda la Iglesia luego del autogolpe de Maduro ha sido muy clara y coherente con una visión democrática del país. La Conferencia Episcopal Venezolana denunció que para el gobierno «todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del poder, olvidando las necesidades reales de la gente» e instó a «preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas». A esto se le sumó la voz de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela reconociendo «la falta de autonomía entre los cinco poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano», y subrayó «la indolencia del gobierno nacional ante la situación crítica que vive nuestro pueblo, demostrando una vez más que solo le interesa la lucha por mantenerse en el poder» en un contexto de «inminente dictadura».

También la Compañía de Jesús en Venezuela, a través de la revista SIC del Centro Gumilla, que representa a la teología de la liberación en Venezuela, hizo pública su posición oficial: «nos enfrentamos a una dictadura como ciudadanos y como cristianos», la cual se consuma con «las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 28 y 29 de marzo que suponen un claro golpe de Estado y un desenmascaramiento definitivo del gobierno como una dictadura». Luego del fraude electoral que llevó a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 4 de agosto, el jesuita José Virtuoso, Rector de la Universidad Católica, se refirió a esta Asamblea como la “constitucionalización de una dictadura militar socialista, como lo ha dicho la Conferencia Episcopal. Vamos a tener una transformación de la Constitución y ese cambio es para consolidar a un régimen autoritario, muy centralizado en la figura del Presidente, con poderes omnímodos sobre el Estado y desde el Estado a la sociedad. Y yo creo que las sociedades no tienen salida con un modelo de ese tipo. Esta sociedad que ha luchado en contra de ese modelo va a seguir en rebeldía”. De hecho, el propio Papa Francisco, a través de la Secretaria de Estado, pidió la “suspensión” de la Asamblea Constituyente. Esto molestó a muchos en el alto gobierno y ahora ven al Papa como un opositor.

¿Es posible estimar cuantos son los presos políticos hoy en Venezuela? ¿Por qué razones ellos están presos y en qué condiciones se encuentran?

La persecución política hoy en Venezuela no es sólo a la oposición, sino también al chavismo democrático. Es una persecución ejecutada por el Estado contra cualquier tipo de disidencia respecto del modelo revolucionario cubano. Los tribunales militares son usados para enjuiciar a los disidentes. No se recurre a los tribunales civiles. Recientemente Maduro ordenó 25 años de prisión a quienes sean considerados traidores a la patria. Creo que ninguna dictadura de derecha en América Latina llegó a ese número de años de condena. Según las Organizaciones no gubernamentales que trabajan por los Derechos Humanos, como el Foro Penal, y los centros de Derechos Humanos de las Universidades como el de la Andrés Bello, hoy hay más de 700 presos políticos.

A esto se tiene que sumar los más de 5.000 detenidos en menos de 4 meses que se encuentran en los calabozos del servicio bolivariano de inteligencia o en los cuarteles de la Guardia Nacional. Muchos de los cuales han sido sometidos a torturas, como lo denunció la Fiscal General de la República. Entre los casos más terribles está el del jóven violinista de 23 años, Wuilly Artega, que pertenece al sistema de orquestas de Venezuela, quien ha sido encarcelado y torturado por tocar violín en una protesta callejera. O la Señora Lisbeth Añes que fue enjuiciada por un tribunal militar por el hecho de llevar comida, medicina y ropa a los presos políticos. La Iglesia ha verificado las condiciones en las que se encuentran estos presos pero no se ha logrado ninguna respuesta de parte de las autoridades. Nunca antes habíamos visto la crueldad con la que atacan a los manifestantes y les disparan a quemaropas. Lo único que lo explica es la tesis del ideólogo izquierdista argentino Borón, a quien Maduro sigue: “si una fuerza social declara una guerra contra el gobierno se requiere de éste una respuesta militar”.

Recientemente Ud. declaró que un camino menos traumático para la crisis venezolana sería un acuerdo sobre una transición que incorpore las fuerzas del chavismo político no castrista, los militares y la oposición democrática. ¿Por qué ésta le parece la mejor alternativa?

Los que sostienen realmente a Maduro en el poder son los militares. No tiene apoyo popular para sostenerse ni cuenta con la unidad monolítica que antes tenía en las filas del chavismo. Lo único que le queda es la fuerza bruta represiva militar. No estamos diciendo que se de un golpe de Estado. Hay que rechazar categóricamente cualquier intento de golpe de Estado, sea provocado internamente o por injerencias externas. Y en el caso venezolano ya estamos viviendo y padeciendo la injerencia de los militares y el personal cubano que controla las aduanas, las notarías y la inmigración, e incluso la sala situacional del gobierno. Ni la injerencia de Cuba ni la de Estados Unidos deben ser aceptadas. Ninguna, venga de donde venga.

La única salida viable, si no queremos que el chavismo castrista regrese al poder en pocos años, tiene que ser negociada entre la oposición, el chavismo democrático y los militares para conformar ya, de modo público, un nuevo Gobierno que represente lo que el pueblo pedía en 1998. El reto está en crear una “unidad nacional superior”, más allá de la actual Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Pero esta unidad nacional superior debe incluir a otra instancia de la sociedad venezolana que hizo posible la impresionante consulta popular que se realizó el día 16 de Julio. Se trata de los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general que, junto a los partidos políticos, pero sin someterse a ellos, lograron montar la estructura logística y táctica que permitió que mucho más de 7.000.000 venezolanos expresaran pacíficamente su rechazo al actual modelo político y el deseo por una transición democrática ya. Esto es algo completamente nuevo en Venezuela, digno de ser estudiado a nivel latinoamericano. El mismo pueblo se reunió, se organizó, votó y decidió su propio destino. Y fue un acto interclasista, es decir, en el que participaron por igual todas las clases y sectores sociales del país, sin distinción. Eso es lo que le dio tanta fuerza al 16 de Julio. Por ello, todo se dio de forma voluntaria, pacífica y disciplinada. Este elemento que existió en los años 60 y 70 tiene que volver a la política venezolana, que los partidos representen y den liderazgo a los distintos sectores sociales del país.

¿Elecciones regionales en Dictadura?

Para ser honestos, haría falta una reforma integral del sistema electoral venezolano si queremos elecciones libres y transparentes. Tomemos en cuenta que la mayoría de los partidos opositores se encuentran actualmente “ilegalizados” por decisión del Tribunal Supremo de Justicia y los líderes principales de la oposición se encuentran inhabilitados, detenidos o exiliados. El problema es que estamos en medio de un gran dilema, porque las dictaduras no dan espacio para alternativas utópicas, o no serían dictaduras. Si la oposición inscribe a sus candidatos para una elección, entonces, es probable que la Constituyente suspenda esa elección o hagan un nuevo fraude, porque Maduro tiene un rechazo de más del 80% del país y la propia empresa smartmatic que trabaja para el Consejo Nacional Electoral denunció que se había manipulado la data electoral para la Constituyente. Pero si la oposición decide no participar, entonces tolerará las elecciones con la seguridad de que sus candidatos ganarán al no tener oposición alguna y se apoderará de todos los municipios y gobernaciones que hoy en día están en manos de la oposición. Este dilema, puesto por el mismo gobierno para ganar más tiempo en el poder y disipar las protestas, ha hecho que algunos factores más radicales de la oposición se separen de la mesa de la unidad democrática.

Por ello, la única vía que tiene la oposición para salir de este dilema y recuperar de nuevo la confianza de la gente es construyendo una “unidad nacional superior”, como la llamaba el Papa Francisco cuando era Cardenal en Buenos Aires, que no sea sólo de los partidos que conforman a la oposición, sino que incluya también al chavismo democrático y haga una alianza estratégica con la sociedad civil, pues esta última fue la que hizo posible la logística y la movilización para lograr la consulta popular el pasado 16 de Julio. Esta “unidad nacional superior e interclasista” supone, entonces, asumir las distintas vías de lucha al mismo tiempo. Por una parte, la Asamblea Nacional tiene el deber de nombrar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyos plazos están vencidos.

Al hacer esto, seguramente la Constituyente enjuiciará a los nuevos rectores, como lo hizo con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que la Asamblea Nacional nombró para sustituir a los que actualmente gozan de un nombramiento ilegal. Pero simbólicamente este gesto es muy importante porque significa que la única autoridad soberana y constitucional está ejerciendo lo que el pueblo le ordenó el 16 de Julio en la consulta popular. Paralelo a esto, se puede ir a las regionales, haciendo uso de la misma logística y estructura que la sociedad civil montó para el 16 de Julio. Y, a su vez, deben continuar las protestas pacíficas en las calles como lo establece la Constitución aún vigente. En fin, sería un error de la oposición pensar que si no va a las elecciones es ganancia. Frente a una dictadura asesorada por otra que tiene más de 50 años en el poder no se puede pensar tan unidireccionalmente.

De ahí la importancia de construir ahora una “unidad nacional superior e interclasista”, nombrar un gobierno transitorio, poner rostros a los líderes de la transición y hacer un pacto para la transición donde los partidos pongan a un lado sus personalismos y ambiciones, para dar espacio al chavismo democrático y a la sociedad civil, y que sea una propuesta interclasista, es decir, que incluya a todos los sectores sociales del país. Ante una dictadura no vale la tesis que algunos han sostenido de ir conquistando espacios poco a poco. En fin, si la oposición va a las elecciones con una “unidad nacional superior” organizada y las gana, y luego el gobierno comete fraude, como lo hizo con la Constituyente, y no reconoce o cambia los resultados, estará exponiendo al mundo la naturaleza dictatorial del gobierno y la reacción internacional será la de no reconocer estos resultados, como ya lo ha hecho con la Constituyente. Esto será ganancia para la oposición y para el pueblo venezolano, aunque no se vea con claridad en este momento, pues una réplica de la dictadura cubana perjudica a toda la región y no es sólo un problema interno de los venezolanos. La presión internacional ha venido minando a la dictadura y hay que seguir trabajando en ese sentido. De otro modo, está el peligro latente de comenzar a ver el surgimiento de grupos anárquicos y terroristas que nadie podrá controlar. Esto es muy peligroso y hay que evitarlo a toda costa.

¿Por qué, según su opinión la Santa Sede es hoy una de las únicas instituciones internacionales que todavía puede intentar una negociación con el gobierno venezolano?

La mayoría de los países que tienen relaciones diplomáticas con el Estado venezolano han manifestado su negativa en reconocer cualquier decisión que sea emanada por la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, han dicho que si los crétidos que pida la Nación a entidades extranjeras no son aprobados por la Asamblea Nacional, la única soberana y constitucional, elegida por voto directo y universal en el 2015, no serán otorgados al gobierno. Sin embargo, el camino de la presión internacional no puede reducirse sólo a lo económico. Tiene que verse con otra óptica más amplia y de tipo geopolítico. Y es aquí donde el Vaticano tiene un rol importante.

El drama venezolano pasa, necesariamente, por Cuba. Digo esto porque he insistido en que el chavismo que gobierna es el castrista. El Vaticano puede ejercer presión o iniciar negociaciones con Cuba sobre el caso venezolano. Este diálogo con Cuba pudiera contribuir, al menos, a presionar al gobierno venezolano para que reconozca la crisis y abra un “canal humanitario” porque la gente se está muriendo. La apuesta del Vaticano debe estar en esa dirección. El Papa Francisco cuenta con la estatura moral y la credibilidad internacional suficiente para captar la atención a nivel internacional sobre el tema humanitario y lograr el envío de alimentos y medicinas a Venezuela. Esto minaría aún más al gobierno y permitiría salvar muchas vidas que hoy están en peligro de morir.

¿Cómo evalúa las sanciones del gobierno Trump a Venezuela?

Trump es la versión capitalista del totalitarismo de Chávez. Tiene una idea absoluta del poder y usa vías paralelas, y no oficiales, para gobernar. Actualmente controla todos los poderes públicos y usa la política del amigo y el enemigo de Shmidt como lo hacía Chávez. Lo peor que pudo haber hecho es amenazar a Venezuela de una posible invasión militar porque eso sólo beneficia al discurso anti-imperialista castrista que sigue el gobierno. Pero ya, tanto la oposición como la Iglesia, se han pronunciado en contra de la advertencia que hizo Trump al gobierno de Venezuela sobre una posible invasión militar. También se han pronunciado en contra de esto todos los países de la región.

Sin embargo, no olvidemos que las relaciones entre Maduro y Trump no son tan malas como aparentan y aparecen en los medios. Maduro contribuyó con 500.000 dólares a la campaña de Trump, a través de la filial de PDVSA en EE.UU., que es CITGO. Además, Estados Unidos es el primer socio comercial de Venezuela y Venezuela es dueña de una de las redes de distribución de gasolina más grandes de todo EE.UU. Las sanciones que ha puesto el gobierno de EEUU no han sido al Estado Venezolano ni a sus ciudadanos, sino a figuras políticas que están involucradas en corrupción y narcotráfico internacional. Si Colombia es el primer productor de droga del mundo y EEUU es el primer consumidor, hoy Venezuela es el primer país de tráfico aéreo de la droga. Esto cambia la imposición internacional frente al gobierno venezolano.

La acción internacional debe seguir el camino que se inició con la Declaración de Lima, mediante la cual se ratificó el desconocimiento a la fraudulenta Asamblea Constituyente, se reconoció la legitimidad de la Asamblea Nacional electa en el 2015 por voto universal y secreto, y se confirmó a la Fiscal Luisa Ortega Díaz como única Fiscal General de la República. En este último caso se le está dando un respaldo, por parte de la comunidad internacional, al chavismo democrático que quiere sobrevivir luego de este drama que vivimos. Esto último es muy importante si queremos una transición viable. Pero la comunidad internacional debe sumarse al esfuerzo, en colaboración con el Vaticano y la Iglesia venezolana, de presionar más para que se abra ya un canal humanitario, y puedan ingresar alimentos y medicinas al país.